El Gobierno de Brasil tiene previsto enviar al Congreso una ley que restringe el acceso a los visitantes de la Amazonia. De aprobarse la ley, lo que es bastante probable dado que la impulsan de forma conjunta los ministerios de Justicia y Defensa y la apoya el Ejército, todos los trabajadores de ONG, los grupos de turistas o cualquier otro tipo de visita al pulmón del planeta requerirá un permiso oficial. Para quien acceda sin autorización se prevén multas de hasta 40,000 euros.
El secretario de Justicia, Romeu Tuma, confirmó a la agencia Associated Press la puesta en marcha de la ley: “Queremos que el Amazonas sea nuestra (…) Queremos que el mundo visite la región, pero queremos que nos informen cuándo van a venir y qué van a hacer”. Tuma insistió en que la razón principal de las restricciones es lo que llamó la biopiratería (la apropiación de plantas medicinales o remedios y tratamientos ancestrales).
También parece ser que el Ejército brasileño estaba preocupado por la presencia descontrolada de extranjeros en la Amazonia, un área que limita con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y que es muy difícil de mantener bajo control. La ley que prevé sacar adelante el Gobierno restringiría la entrada de extranjeros en un área de entre cinco y siete millones de kilómetros cuadrados que incluyen a ciudades tan turísticas como Manaos. La norma, en realidad, es una extensión de una en vigor que exige un permiso a los no indígenas para entrar a un territorio indio.
Una de las ONG más afectadas por la nueva norma será sin duda Greenpeace, muy activa en la Amazonia contra la actividad de los madereros y los agricultores. Los pocos expertos que han comentado la nueva legislación en los medios brasileños creen que será perjudicial para la investigación médica y también para la protección de la selva de la deforestación.
Desde el Gobierno brasileño, sin embargo, se insiste en que en los últimos tres años la deforestación se ha reducido significativamente y que su lucha contra la tala ilegal es sin cuartel.
El secretario de Justicia, Romeu Tuma, confirmó a la agencia Associated Press la puesta en marcha de la ley: “Queremos que el Amazonas sea nuestra (…) Queremos que el mundo visite la región, pero queremos que nos informen cuándo van a venir y qué van a hacer”. Tuma insistió en que la razón principal de las restricciones es lo que llamó la biopiratería (la apropiación de plantas medicinales o remedios y tratamientos ancestrales).
También parece ser que el Ejército brasileño estaba preocupado por la presencia descontrolada de extranjeros en la Amazonia, un área que limita con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y que es muy difícil de mantener bajo control. La ley que prevé sacar adelante el Gobierno restringiría la entrada de extranjeros en un área de entre cinco y siete millones de kilómetros cuadrados que incluyen a ciudades tan turísticas como Manaos. La norma, en realidad, es una extensión de una en vigor que exige un permiso a los no indígenas para entrar a un territorio indio.
Una de las ONG más afectadas por la nueva norma será sin duda Greenpeace, muy activa en la Amazonia contra la actividad de los madereros y los agricultores. Los pocos expertos que han comentado la nueva legislación en los medios brasileños creen que será perjudicial para la investigación médica y también para la protección de la selva de la deforestación.
Desde el Gobierno brasileño, sin embargo, se insiste en que en los últimos tres años la deforestación se ha reducido significativamente y que su lucha contra la tala ilegal es sin cuartel.
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