Sangre en el amazonas.

Desde el 9 de abril pasado, las comunidades amazónicas del Perú iniciaron lo que califican de “paro indefinido” en toda la Amazonía peruana, como respuesta al incumplimiento del Congreso de la República de revisar seis decretos lesivos a los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de decretos emitidos por el Ejecutivo en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y que suponen la apertura de la Amazonía a industrias social y ambientalmente destructivas como la minería y la explotación petrolera.
En la madrugada del 5 de junio, el gobierno de Alan García desató una violenta represión en la Amazonía peruana. Las informaciones son confusas y no hay cifras oficiales, pero hasta el momento habría entre diez a veinte muertos en Bagua, zona de Corral Quemado y Curva del Diablo. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (que incluye a organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina), describe la situación diciendo que “Nuevamente se pretende imponer la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo. Es la respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena y de supuestos diálogos y negociaciones, que terminan en las balas de siempre, las mismas de más de 500 años de opresión”.

Esta represión ocurre horas después de que el Congreso de la República decidiera postergar nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos que facilitan la invasión de territorios indígenas, lo que hace suponen una clara connivencia entre el Congreso y la Presidencia. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) llama a “las organizaciones indígenas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, a tomar acciones concretas: cartas al gobierno peruano, al Relator Especial de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, a Amnistía Internacional, Survival International, a los Premios Nóbel de la Paz, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), para que envíen de inmediato misiones al Perú, para detener esta violencia y se respeten los derechos indígenas”. También solicitan que en todos los países se realicen plantones ante las embajadas del Perú hasta que se detenga el baño de sangre y se deroguen los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos”.

La CAOI agrega que “los organismos de la ONU deben pronunciarse con firmeza, sumándose a la demanda planteada por la presidenta del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, Victoria Tauli, de levantar el estado de emergencia, no usar la represión y cumplir con las normas internacionales que garantizan el ejercicio de los derechos indígenas”.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales se suma a este llamamiento y solicita que se brinde el mayor apoyo posible a los pueblos de la Amazonía peruana cuyas vidas, culturas y medios de supervivencia están hoy en grave peligro. Pueden dirigir cartas a la embajada Peruana en sus países exigiendo el inmediato cese de la represión en curso y que se respeten plenamente los derechos de los Pueblos Indígenas. Los datos de contacto de las embajadas del Perú en el exterior están disponibles en: http://www.embassiesabroad.com/embassies-of/Peru
Demandan misión internacional y sanciones contra el Gobierno peruano por masacre de indígenas en la Amazonía
Ecologistas en Acción ha pedido hoy al Gobierno español y al Parlamento Europea recién elegido que condenen al Gobierno peruano por la represión violenta contra la población civil en la Amazonía. La represión policial y militar del Gobierno peruano de Alan García, desde el pasado 5 de junio, contra la movilización indígena en la Amazonía está provocando decenas de muertos. Algunas fuentes hablan de entre 50 y 100 víctimas, varios centenares de heridos y más de 150 manifestantes detenidos. Al menos 35 indígenas están desaparecidos en el lugar de los enfrentamientos.

La movilización de los pueblos indígenas comenzó el 9 de abril como reacción a una serie de leyes promulgadas por el gobierno peruano. Las leyes contienen disposiciones que las organizaciones indígenas consideran como una amenaza a sus derechos fundamentales de acceso y toma de decisiones sobre sus bosques, recursos y territorios. Dichas leyes fueron redactadas y aprobadas sin ningún tipo de consulta formal con los pueblos indígenas, en violación de los compromisos asumidos por Perú bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Repudiamos la represión del Gobierno peruano y pedimos a la comunidad internacional que se pronuncie a favor de los derechos humanos y el respeto de los Derechos Indígenas.

Se debe impedir que los gobiernos asesinen impunemente a civiles por reclamar sus derechos legítimos", dijo Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción pide "sanciones contra el gobierno peruano de Alan García por la agresión contra la población indígena y civil y que retire los contingentes militares y policiales concentrados en la zona”. Hacemos un llamado tanto al Gobierno del Perú como a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) para que establezcan un diálogo. Y apremiamos a la comunidad internacional para que envíe una misión urgente para investigar las violaciones de los Derechos Humanos y buscar una solución negociada del conflicto.

Nos solidarizamos con las demandas de los pueblos indígenas peruanos que defienden sus territorios ancestrales para frenar la deforestación de los bosques tropicales y conservar la naturaleza frente a los planes gubernamentales de privatizar millones de hectáreas de tierras y el agua, así como explotar las materias primas, lo que provocaría grandes daños sociales y ambientales en las selvas altas y bajas de la Amazonía peruana, que incluyen una extraordinaria biodiversidad y que los pueblos indígenas han preservado durante siglos.

Ecologistas en Acción recordó que "conflictos por el acceso a los recursos naturales y la tenencia de tierra que ha provocado el Tratado de Libre Comercio con EEUU, también podrían acontecer a causa del Acuerdo de Asociación que la Unión Europea está negociando con Perú, Colombia y Ecuador”. Por lo que solicitamos al Gobierno español y al nuevo Parlamento Europeo paralizar estas negociaciones, así como cancelar el mandato negociador de la Comisión Europea bajo la estrategia “Europa Global: Competir en el mundo”.

Según la propia Comisión Europea, la UE persigue con estas negociaciones el acceso a materias primas, especialmente a los recursos naturales energéticas. El trágico desarrollo de la protesta indígena pone en evidencia que ignorar los derechos de los pueblos y su participación en los procesos que afectan sus tierras y medios de vida puede resultar en serios conflictos sociales y políticas fallidas. Mientras las de cambio climático se reúnen en Bonn, se debe prestar especial atención a estos sucesos y las lecciones que de ellos pueden extraerse, de forma que pueda garantizarse que los derechos de los pueblos indígenas se consideren como una parte integral de cualquier acuerdo final para salvar los bosques y el clima.