Una fuerte crisis política parece estarse gestando en Honduras, donde el presidente, Manuel Zelaya, destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana. El mandatario hondureño, quien hizo el anuncio en una transmisión conjunta de radio y televisión, dijo que su decisión respondía a "la crisis generada por unos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden Constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido".
En el centro del debate está el referendo que el presidente desea hacer el próximo domingo, para consultar a los hondureños si están de acuerdo con que, en las próximas elecciones generales, se agregue una urna en la que los votantes opinen sobre la propuesta de convocar a una asamblea que reformaría la Carta Magna y podría permitir la reelección presidencial. El congreso hondureño aprobó el martes una ley que regula los referendos y plebiscitos y con la que parece haber congelado los planes del mandatario de reformar la Constitución.
Según agencia de noticias, el ahora ex jefe del Estado Mayor Conjunto dijo que había sido separado de su cargo por negarse a violar la ley. También indican que el presidente "quería que las Fuerzas Armadas brindaran todo el apoyo logístico" para la consulta popular que promueve. El periódico hondureño La Prensa, en su versión de internet, también atribuye la salida del militar y del ministro de Defensa a que no apoyaron la consulta.
Tensión
Durante su intervención por radio y televisión, Zelaya invitó a diferentes sectores de la sociedad hondureña a reunirse con él, en las próximas horas, en la Casa Presidencial para "tomar decisiones en pro del desarrollo y la democracia hondureña". "Nosotros los que realmente amamos a Honduras no podemos permitir que la democracia siga siendo de unos pocos", señaló el presidente hondureño.
De acuerdo con la prensa local, antes de emitir el anuncio, Zelaya se había reunido con miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Honduras. Todavía se desconoce quiénes serán los designados para ocupar los cargos vacantes.
La nueva ley aprobada por el Congreso impide la realización de consultas populares 180 días antes y después de las elecciones generales. De esta manera, se considera que los opositores a Zelaya en el Congreso han frustrado el referendo del domingo, dado que las elecciones presidenciales serán en noviembre próximo, con lo cual ya no queda tiempo para realizar el plebiscito.
La tensión por la consulta popular no sólo está reflejada en la relación entre Zelaya y la oposición, sino en las propias filas del oficialismo, el Partido Liberal. En mayo pasado, el mandatario y el titular del Congreso, Roberto Micheletti, cruzaron insultos y acusaciones, después de que el último denunciara haber recibido amenazas de muerte.
"Yo aquí públicamente responsabilizo al Poder Ejecutivo si algo me pasase a mí o a mi familia, a mis hijos o a mi esposa, porque ya basta, porque yo creo que nosotros no tenemos por qué estar sufriendo situaciones de aspiraciones de un trastornado que quiere quedarse con el poder en el país", afirmó Micheletti.
Tanto el presidente Zelaya como su secretario privado Eduardo Reina, negaron las acusaciones.
En el centro del debate está el referendo que el presidente desea hacer el próximo domingo, para consultar a los hondureños si están de acuerdo con que, en las próximas elecciones generales, se agregue una urna en la que los votantes opinen sobre la propuesta de convocar a una asamblea que reformaría la Carta Magna y podría permitir la reelección presidencial. El congreso hondureño aprobó el martes una ley que regula los referendos y plebiscitos y con la que parece haber congelado los planes del mandatario de reformar la Constitución.
Según agencia de noticias, el ahora ex jefe del Estado Mayor Conjunto dijo que había sido separado de su cargo por negarse a violar la ley. También indican que el presidente "quería que las Fuerzas Armadas brindaran todo el apoyo logístico" para la consulta popular que promueve. El periódico hondureño La Prensa, en su versión de internet, también atribuye la salida del militar y del ministro de Defensa a que no apoyaron la consulta.
Tensión
Durante su intervención por radio y televisión, Zelaya invitó a diferentes sectores de la sociedad hondureña a reunirse con él, en las próximas horas, en la Casa Presidencial para "tomar decisiones en pro del desarrollo y la democracia hondureña". "Nosotros los que realmente amamos a Honduras no podemos permitir que la democracia siga siendo de unos pocos", señaló el presidente hondureño.
De acuerdo con la prensa local, antes de emitir el anuncio, Zelaya se había reunido con miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Honduras. Todavía se desconoce quiénes serán los designados para ocupar los cargos vacantes.
La nueva ley aprobada por el Congreso impide la realización de consultas populares 180 días antes y después de las elecciones generales. De esta manera, se considera que los opositores a Zelaya en el Congreso han frustrado el referendo del domingo, dado que las elecciones presidenciales serán en noviembre próximo, con lo cual ya no queda tiempo para realizar el plebiscito.
La tensión por la consulta popular no sólo está reflejada en la relación entre Zelaya y la oposición, sino en las propias filas del oficialismo, el Partido Liberal. En mayo pasado, el mandatario y el titular del Congreso, Roberto Micheletti, cruzaron insultos y acusaciones, después de que el último denunciara haber recibido amenazas de muerte.
"Yo aquí públicamente responsabilizo al Poder Ejecutivo si algo me pasase a mí o a mi familia, a mis hijos o a mi esposa, porque ya basta, porque yo creo que nosotros no tenemos por qué estar sufriendo situaciones de aspiraciones de un trastornado que quiere quedarse con el poder en el país", afirmó Micheletti.
Tanto el presidente Zelaya como su secretario privado Eduardo Reina, negaron las acusaciones.
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