Guatemala enfrenta una de las peores crisis de gobernabilidad de los últimos años luego que el presidente del país, Álvaro Colom, fuera acusado de participar en el asesinato de un abogado. El mandatario dijo este miércoles que no renunciará a su cargo pese a las presiones de la oposición que ha exigido su salida del poder para garantizar una investigación independiente del crimen. "Yo de esta casa me voy sólo muerto. Yo no he asesinado a nadie, yo no soy narcotraficante y nunca he hecho componendas contra la oposición", señaló Colom.
Cientos de personas se manifestaron en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala para expresar su apoyo o repudio al gobernante. Pese a que los dos bandos protestaron en la Plaza de la Constitución, no se registraron incidentes violentos.
"Alarma social"
El director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, señaló que el caso ha provocado alarma social y está afectando la gobernabilidad del país. Castresana, quien estará a cargo de investigar el caso junto a la Fiscalía General y el FBI, le solicitó al presidente Colom que "se aparte de la investigación" para dar garantías de transparencia. "Hay que desarticular las estructuras clandestinas que están operando desde el poder", dijo el representante de la CICIG, instancia que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. "No hemos pedido renuncias. Lo que queremos es que la investigación sea cristalina", agregó.
Tormenta política
Rodrigo Rosenberg, abogado de 47 años que fue asesinado el domingo mientras viajaba en su bicicleta, grabó un video antes de que fuera baleado denunciando que lo matarían y sindicó como responsables de su muerte al presidente Colom y su esposa, entre otras autoridades.
Rosenberg asegura en el video que su muerte se debió a que contaba con pruebas sobre la presunta participación de Colom y algunos de sus colaboradores cercanos en el asesinato del empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie el 14 de abril. Según el testimonio, Mussa, quien era miembro de la junta directiva del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), fue asesinado porque se negó a encubrir "negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día" en esa institución. "Si usted está viendo este video es porque yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y su socio Gregorio Valdez, con la aprobación del señor Álvaro Colom y de Sandra de Colom", dijo el abogado en la grabación. Sin embargo, para el presidente de Guatemala las acusaciones son "parte de un plan" que busca desestabilizar el gobierno.
Desconfianza
La mayor parte de los actores políticos y sociales del país han solicitado que se realice una investigación independiente del caso. El problema es que la ciudadanía desconfía de las instituciones y la justicia en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes.
El desafío entonces es que la Fiscalía demuestre que puede desarrollar una investigación transparente, cuando sus niveles de credibilidad ante la opinión pública son casi inexistentes. Analistas coinciden en que este caso deja en evidencia la tensión social que existe en el país derivada de la violencia, la corrupción y la impunidad que predominan en la sociedad guatemalteca. El año pasado hubo un promedio de 17 asesinatos al día en un país cuya población apenas sobrepasa los 13 millones de habitantes.
Cientos de personas se manifestaron en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala para expresar su apoyo o repudio al gobernante. Pese a que los dos bandos protestaron en la Plaza de la Constitución, no se registraron incidentes violentos.
"Alarma social"
El director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, señaló que el caso ha provocado alarma social y está afectando la gobernabilidad del país. Castresana, quien estará a cargo de investigar el caso junto a la Fiscalía General y el FBI, le solicitó al presidente Colom que "se aparte de la investigación" para dar garantías de transparencia. "Hay que desarticular las estructuras clandestinas que están operando desde el poder", dijo el representante de la CICIG, instancia que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. "No hemos pedido renuncias. Lo que queremos es que la investigación sea cristalina", agregó.
Tormenta política
Rodrigo Rosenberg, abogado de 47 años que fue asesinado el domingo mientras viajaba en su bicicleta, grabó un video antes de que fuera baleado denunciando que lo matarían y sindicó como responsables de su muerte al presidente Colom y su esposa, entre otras autoridades.
Rosenberg asegura en el video que su muerte se debió a que contaba con pruebas sobre la presunta participación de Colom y algunos de sus colaboradores cercanos en el asesinato del empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie el 14 de abril. Según el testimonio, Mussa, quien era miembro de la junta directiva del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), fue asesinado porque se negó a encubrir "negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día" en esa institución. "Si usted está viendo este video es porque yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y su socio Gregorio Valdez, con la aprobación del señor Álvaro Colom y de Sandra de Colom", dijo el abogado en la grabación. Sin embargo, para el presidente de Guatemala las acusaciones son "parte de un plan" que busca desestabilizar el gobierno.
Desconfianza
La mayor parte de los actores políticos y sociales del país han solicitado que se realice una investigación independiente del caso. El problema es que la ciudadanía desconfía de las instituciones y la justicia en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes.
El desafío entonces es que la Fiscalía demuestre que puede desarrollar una investigación transparente, cuando sus niveles de credibilidad ante la opinión pública son casi inexistentes. Analistas coinciden en que este caso deja en evidencia la tensión social que existe en el país derivada de la violencia, la corrupción y la impunidad que predominan en la sociedad guatemalteca. El año pasado hubo un promedio de 17 asesinatos al día en un país cuya población apenas sobrepasa los 13 millones de habitantes.
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