Pareciera que las votaciones del pasado 10 de agosto en Bolivia han hecho muy poco para calmar la tensión política que ha llevado a Bolivia al borde de la pura y simple violencia. Anque Morales ganó abrumadoramente con el 68%, también los líderes de la oposición lo hicieron en cinco de los nueve prefecturas departamentales del país al mantener sus puestos. El recuento final deja cinco prefectos de oposición, dos partidarios Morales, y dos puestos vacíos (que se rellenará de forma provisional nombrados por el Presidente).
El período previo a la votación y el referéndum transcurrieron pacíficamente, lo cual indicaba en alguna medida una evolución positiva, además de informes prometedores de varias organizaciones internacionales que verificaron la legitimidad del referéndum. La OEA, que envió 125 observadores en todo el país, llegó a la conclusión de que plenamente el 95 por ciento de las urnas fueron supervisadas y protegidas en la forma adecuada. Al menos el 91 por ciento de los lugares observados mantenido un proceso de votación secreta. Teniendo en cuenta que el 84 por ciento de todos los bolivianos inscritos para votar participaron en el referéndum, los resultados muestran la voluntad de la ciudadanía a respetar el Estado de Derecho y los principios de los procesos democráticos.
Aunque la retirada de la OEA se produjo sin violencia o fraude, sigue existiendo un claro potencial de disturbios en Bolivia dado que los actores políticos están impugnando la validez del voto. Por ejemplo, el prefecto del departamento de Cochabamba y firme oponente de Morales, no alcanzó el porcentaje necesario para mantener su posición. Después de inicialmente impugnar la legitimidad de la votación declaró que él entregará el poder a su gobernador adjunto con el fin de lograr una acción legal contra el gobierno. Sus acciones son sólo un ejemplo de una serie de inconstitucionalidades de los prefectos regionales destinadas a perturbar los procesos políticos de Bolivia.
Morales por su parte mantuvo un mensaje de conciliación a raíz de su victoria. Él ha hecho un llamamiento para el diálogo con su inflexible oposición y sin embargo, la brecha entre la retórica del presidente y la de su autonomía en favor de los opositores es muy amplia. Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz, uno de los departamentos más ricos y europeos del país, fue confirmado en su cargo nuevamente por un amplio margen. Sin embargo, se niega a negociar con La Paz y ha contaminado el nivel de discurso llamando a Morales "el verdadero criminal." La acritud no se detuvo allí. El 5 de agosto, Percy Fernández, alcalde de la ciudad de Santa Cruz, dijo que "El gobierno no ha aprendido a gobernar, y por ese motivo pido a las fuerzas armadas para derrocar al presidente de la república."
A pesar de su comprensible ira sobre este flagrante desafío a su autoridad, Morales siguió a dejado en claro su preferencia por el diálogo pacífico, es así que invito a lideres de la oposición a una reunión en La Paz el pasado 13 de agosto, sin embargo los resultados fueron pocos.
Un análisis de los acontecimientos que condujeron en agosto al referéndum fueron varias, la idea en sí fue propuesta por Morales a través del Movimiento al Socialismo (MAS), en el 2007. En ese momento se tenía la intención de consolidar el apoyo para la Asamblea Constituyente, luego en el proceso de redactar una nueva Constitución destinada a institucionalizar a Morales para realizar reformas. La propuesta fue rechazada por la oposición en el Senado.
El movimiento en favor de la autonomía regional retomó mayor fuerza luego de varios movimientos hechos por Morales, entre los cuales estaban nacionalizaciones, impuestos a hidrocarburos, etc. lo cual fue recentido por las prefacturas al perder su autonomía sobre algunos asuntos fiscales, distribución de la tierra y en algunos casos hasta del control de la policía.
Bolivia al borde de la crisis
A pesar de los reiterados intentos de Evo Morales por demostrar que la unidad de Bolivia es su máxima prioridad, las huelgas y presiones por parte de los líderes políticos autonomistas, los grupos de oposición y los manifestantes violentos son un signo de todo lo contrario. Los grupos de jóvenes violentos han incitado protestas agresivas en pro del movimiento de autonomía durante algún tiempo, es así que el pasado 20 de junio dos miembros de la Unión Juvenil Cruceñista fueron detenidos bajo la acusación de intentar asesinar al presidente Morales, además, el 18 de agosto, miembros de la Unión Juvenil Trarijeña (UJT) organizó la "toma pacífica" del departamento regional de la Agencia de Aduanas.
En principio el gobierno ha sido muy cuidadoso en el uso de la policía y los militares durante la crisis a pesar de las medidas de violencia adoptadas por la oposición. Sin embargo, el Presidente Morales ha advirtido que pueden verse obligado a movilizar a la policía nacional, ya que, las autoridades departamentales no puede permitir que se “empuje” a las instituciones nacionales a la violencia sin hacer nada al respecto.
De hecho, algunos críticos han señalado que si Evo Morales hubiera sido más contundente en su respuesta al movimiento de autonomía cuando empezó, la situación no habría escalado a tales alturas. Parece que Morales en su búsqueda de una respuesta equilibrada ante los movimientos separatistas y sus repetidos llamamientos al diálogo y la cooperación parecen haber jugado irónicamente en contra él. Lo cierto es que haora con el fin de evitar el caos debe realizar sus mejores esfuerzos para asegurarse de que grupos como el UJT no actue precipitadamente, a fin de evitar víctimas y que en Bolivia se perjudique gravemente las instituciones democráticas.
Es muy difícil que el gobierno boliviano y los autonomistas llegen a un acuerdo a corto plazo. Un paro cívico general se produjo en la Media Luna de la zona situada a lo largo del departamento de Chuquisaca el martes 19 de agosto. Esta fecha tiene importantes repercusiones para el país dado que marca el 37 aniversario de un golpe de Estado organizado por el ex-dictador Hugo Banzer, que se inició en Santa Cruz, uno de los más fuertes en favor de la autonomía de las provincias. Para los organizadores de la huelga, el costo de la misma ha sido de más de $18.4 millones de dólares para el gobierno, mientras que fuentes oficiales señalan que la huelga se ha limitado básicamente a las zonas urbanas, de Tarija y Chuquisaca, dos de los originales cinco departamentos en huelga.
Si bien el potencial de violencia es alto, durante la huelga del 19 de agosto la prensa boliviana informó sobre incidentes de menor importancia, el accionar de la Policía es limitado, pero las tensiones siguen publicándose extremadamente. En un comentario hecho por el diario boliviano La Prensa, el ex presidente Carlos Mesa aboga por el uso racional del Tribunal Constitucional, la Corte Nacional Electoral y la construcción de acuerdos productivos en el proyecto de una nueva Constitución. Añadió que, "la recuperación del imperio de la ley por medio del uso racional de la policía" puede ser necesaria. Queda aun por ver hasta qué punto Evo Morales tendrá que ser paciente para preservar la inestable unidad de Bolivia.
El período previo a la votación y el referéndum transcurrieron pacíficamente, lo cual indicaba en alguna medida una evolución positiva, además de informes prometedores de varias organizaciones internacionales que verificaron la legitimidad del referéndum. La OEA, que envió 125 observadores en todo el país, llegó a la conclusión de que plenamente el 95 por ciento de las urnas fueron supervisadas y protegidas en la forma adecuada. Al menos el 91 por ciento de los lugares observados mantenido un proceso de votación secreta. Teniendo en cuenta que el 84 por ciento de todos los bolivianos inscritos para votar participaron en el referéndum, los resultados muestran la voluntad de la ciudadanía a respetar el Estado de Derecho y los principios de los procesos democráticos.
Aunque la retirada de la OEA se produjo sin violencia o fraude, sigue existiendo un claro potencial de disturbios en Bolivia dado que los actores políticos están impugnando la validez del voto. Por ejemplo, el prefecto del departamento de Cochabamba y firme oponente de Morales, no alcanzó el porcentaje necesario para mantener su posición. Después de inicialmente impugnar la legitimidad de la votación declaró que él entregará el poder a su gobernador adjunto con el fin de lograr una acción legal contra el gobierno. Sus acciones son sólo un ejemplo de una serie de inconstitucionalidades de los prefectos regionales destinadas a perturbar los procesos políticos de Bolivia.
Morales por su parte mantuvo un mensaje de conciliación a raíz de su victoria. Él ha hecho un llamamiento para el diálogo con su inflexible oposición y sin embargo, la brecha entre la retórica del presidente y la de su autonomía en favor de los opositores es muy amplia. Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz, uno de los departamentos más ricos y europeos del país, fue confirmado en su cargo nuevamente por un amplio margen. Sin embargo, se niega a negociar con La Paz y ha contaminado el nivel de discurso llamando a Morales "el verdadero criminal." La acritud no se detuvo allí. El 5 de agosto, Percy Fernández, alcalde de la ciudad de Santa Cruz, dijo que "El gobierno no ha aprendido a gobernar, y por ese motivo pido a las fuerzas armadas para derrocar al presidente de la república."
A pesar de su comprensible ira sobre este flagrante desafío a su autoridad, Morales siguió a dejado en claro su preferencia por el diálogo pacífico, es así que invito a lideres de la oposición a una reunión en La Paz el pasado 13 de agosto, sin embargo los resultados fueron pocos.
Un análisis de los acontecimientos que condujeron en agosto al referéndum fueron varias, la idea en sí fue propuesta por Morales a través del Movimiento al Socialismo (MAS), en el 2007. En ese momento se tenía la intención de consolidar el apoyo para la Asamblea Constituyente, luego en el proceso de redactar una nueva Constitución destinada a institucionalizar a Morales para realizar reformas. La propuesta fue rechazada por la oposición en el Senado.
El movimiento en favor de la autonomía regional retomó mayor fuerza luego de varios movimientos hechos por Morales, entre los cuales estaban nacionalizaciones, impuestos a hidrocarburos, etc. lo cual fue recentido por las prefacturas al perder su autonomía sobre algunos asuntos fiscales, distribución de la tierra y en algunos casos hasta del control de la policía.
Bolivia al borde de la crisis
A pesar de los reiterados intentos de Evo Morales por demostrar que la unidad de Bolivia es su máxima prioridad, las huelgas y presiones por parte de los líderes políticos autonomistas, los grupos de oposición y los manifestantes violentos son un signo de todo lo contrario. Los grupos de jóvenes violentos han incitado protestas agresivas en pro del movimiento de autonomía durante algún tiempo, es así que el pasado 20 de junio dos miembros de la Unión Juvenil Cruceñista fueron detenidos bajo la acusación de intentar asesinar al presidente Morales, además, el 18 de agosto, miembros de la Unión Juvenil Trarijeña (UJT) organizó la "toma pacífica" del departamento regional de la Agencia de Aduanas.
En principio el gobierno ha sido muy cuidadoso en el uso de la policía y los militares durante la crisis a pesar de las medidas de violencia adoptadas por la oposición. Sin embargo, el Presidente Morales ha advirtido que pueden verse obligado a movilizar a la policía nacional, ya que, las autoridades departamentales no puede permitir que se “empuje” a las instituciones nacionales a la violencia sin hacer nada al respecto.
De hecho, algunos críticos han señalado que si Evo Morales hubiera sido más contundente en su respuesta al movimiento de autonomía cuando empezó, la situación no habría escalado a tales alturas. Parece que Morales en su búsqueda de una respuesta equilibrada ante los movimientos separatistas y sus repetidos llamamientos al diálogo y la cooperación parecen haber jugado irónicamente en contra él. Lo cierto es que haora con el fin de evitar el caos debe realizar sus mejores esfuerzos para asegurarse de que grupos como el UJT no actue precipitadamente, a fin de evitar víctimas y que en Bolivia se perjudique gravemente las instituciones democráticas.
Es muy difícil que el gobierno boliviano y los autonomistas llegen a un acuerdo a corto plazo. Un paro cívico general se produjo en la Media Luna de la zona situada a lo largo del departamento de Chuquisaca el martes 19 de agosto. Esta fecha tiene importantes repercusiones para el país dado que marca el 37 aniversario de un golpe de Estado organizado por el ex-dictador Hugo Banzer, que se inició en Santa Cruz, uno de los más fuertes en favor de la autonomía de las provincias. Para los organizadores de la huelga, el costo de la misma ha sido de más de $18.4 millones de dólares para el gobierno, mientras que fuentes oficiales señalan que la huelga se ha limitado básicamente a las zonas urbanas, de Tarija y Chuquisaca, dos de los originales cinco departamentos en huelga.
Si bien el potencial de violencia es alto, durante la huelga del 19 de agosto la prensa boliviana informó sobre incidentes de menor importancia, el accionar de la Policía es limitado, pero las tensiones siguen publicándose extremadamente. En un comentario hecho por el diario boliviano La Prensa, el ex presidente Carlos Mesa aboga por el uso racional del Tribunal Constitucional, la Corte Nacional Electoral y la construcción de acuerdos productivos en el proyecto de una nueva Constitución. Añadió que, "la recuperación del imperio de la ley por medio del uso racional de la policía" puede ser necesaria. Queda aun por ver hasta qué punto Evo Morales tendrá que ser paciente para preservar la inestable unidad de Bolivia.
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